Investigación del FBI sobre la Asociación del Fútbol Argentino por sospechas de corrupción
Hace pocos días, agentes del Federal Bureau of Investigation (FBI) y fiscales federales de Estados Unidos comenzaron una investigación profunda sobre las finanzas de la Asociación del Fútbol Argentino, dirigida por Claudio Tapia.
El objetivo es esclarecer el destino de cientos de millones de dólares provenientes de contratos comerciales vinculados a la Asociación, que habrían sido canalizados mediante el sistema bancario estadounidense.
La pesquisa se centra especialmente en decenas de millones de dólares cuyo rastro en documentos bancarios no queda claro. Según el sitio argentino Infobae, el FBI llegó a retener el avión de la selección argentina en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York para incautar propiedades relacionadas con altos funcionarios de la Asociación.
Entre los investigados por supuestos fraudes y malversación están Claudio 'Chiqui' Tapia, presidente; Pablo Toviggino, tesorero; y los empresarios Diego Lucero y Javier Faroni.
Especulaciones mediáticas tras la final del Mundial
Los medios argentinos alimentaron teorías conspirativas sobre posible manipulación de resultados tras la final, distrayendo la atención del verdadero escándalo que afecta a la Asociación.
El gobierno estadounidense avanza contra Tapia y sus colaboradores en un nuevo capítulo de uno de los mayores casos de corrupción en Argentina.
Los funcionarios fueron citados a declarar ante la corte del Distrito Sur de Florida el 30 de julio, dentro de la causa conocida como el 'escándalo de la Asociación del Fútbol Argentino'.
Se les solicitó entregar información sobre una empresa fantasma radicada en Florida, investigada como el principal medio para lavar y transferir fondos derivados de contratos de patrocinio firmados desde el último Mundial hasta el próximo torneo en 2030.
Se estima que esta compañía recibió alrededor del 30% de los ingresos comerciales totales de la Asociación durante ese período.
Operativo y evidencias
La investigación tomó fuerza durante el Mundial, cuando mientras Tapia y dirigentes acompañaban al equipo nacional en Estados Unidos, agentes del FBI y fiscales empezaron a reconstruir movimientos financieros ligados a contratos internacionales.
El monto bajo análisis supera los 300 millones de dólares.
Según fuentes cercanas a Tapia, las acusaciones son falsas y carecen de fundamento. Mariano Lizardo, abogado del dirigente, declaró al diario La Nación: "Acabo de hablar con él, y eso no ocurrió".
Detalles sobre la empresa y movimientos bancarios
TourProdEnter LLC, una sociedad de responsabilidad limitada creada por Faroni y su esposa Erica Gillett, fue designada por Tapia para gestionar cobros internacionales de la Asociación, incluyendo ingresos por patrocinadores, derechos comerciales, partidos amistosos y comisiones por servicios logísticos.
La investigación, basada en documentos bancarios, señala que la Asociación distribuyó sus ingresos en múltiples cuentas bancarias. Se detectó que casi 14 millones de dólares provenientes de contratos en Asia, Europa y el Golfo Árabe pasaron por una única cuenta que solo retenía esos fondos entre 24 y 72 horas antes de transferirlos.
La Asociación no habría declarado estas sumas en sus estados financieros, según el Departamento de Justicia de EE. UU.
Además, se incautaron más de cincuenta autos de lujo y una propiedad en Villa Rosa valorada en más de 20 millones de dólares a nombre de un testaferro vinculado a Tapia.
Respuesta oficial de la Asociación
En un comunicado, la Asociación negó parte de la información difundida y aclaró: "El documento mencionado en varias publicaciones no es una citación dirigida al presidente Claudio Tapia ni al tesorero Pablo Toviggino".
Agregaron que la convocatoria judicial del Tribunal del Distrito Sur de Florida está dirigida a un tercero, quien debe presentarse ante un gran jurado y proporcionar documentos relacionados con varios individuos, entre ellos autoridades de la Asociación.
La nota concluye afirmando que no existen medidas personales, órdenes de comparecencia o confiscaciones oficiales contra Tapia o Toviggino. Denunciaron que la publicación de información inexacta genera desinformación y afecta injustamente el honor y la reputación de personas e instituciones.
