Caso Negreira: UEFA y el FC Barcelona en un laberinto jurídico
El terremoto del caso Negreira ha vuelto a sacudir el fútbol español. Un día después de que Florentino Pérez cargara con dureza contra el FC Barcelona, calificando lo sucedido como “el mayor escándalo de la historia”, el fuego cruzado entre los dos gigantes se ha reactivado. El Real Madrid, esta vez, mira a Europa: quiere que UEFA entre en escena y castigue al club azulgrana.
Desde el Bernabéu se aferran a los reglamentos europeos y a la capacidad sancionadora de UEFA. Confían en que el organismo continental encuentre un resquicio para actuar donde las instituciones españolas no han llegado. Pero el papel aguanta todo; la realidad jurídica, no tanto.
El muro del plazo de prescripción
Según detalla Mundo Deportivo, el gran obstáculo tiene un nombre frío y contundente: prescripción. Los pagos vinculados al caso Negreira se habrían producido entre 2001 y 2018. El asunto no salió a la luz hasta 2023, cuando Cadena SER destapó la historia.
Ahí está el punto clave. Para entonces, el reloj disciplinario ya había terminado su cuenta atrás.
El artículo 9 del Código Disciplinario de la RFEF es claro: las infracciones “muy graves” prescriben a los tres años, contados desde el día siguiente a la comisión de la infracción. Si el último pago investigado data de 2018 y el caso no se conoció públicamente hasta 2023, el margen para abrir un procedimiento sancionador estaba ya agotado cuando estalló el escándalo.
Y lo que vale en España se refleja, con matices pero con la misma esencia, en Europa.
El alcance real del poder de UEFA
En el entorno del Real Madrid se ha señalado el famoso artículo 4 del Reglamento Disciplinario de UEFA como la puerta de entrada para una posible sanción al Barça. Ese artículo marca las bases de admisión y participación en las competiciones europeas, y se ha interpretado como una herramienta flexible para dejar fuera a un club si se considera que ha dañado gravemente la integridad de la competición.
Sin embargo, el reglamento de UEFA también se apoya en un sistema de prescripción similar. No puede actuar indefinidamente sobre hechos del pasado, por graves que sean, si el plazo disciplinario ha expirado. Y, en este caso, los hechos investigados concluyen en 2018, con el caso estallando públicamente cinco años después.
La consecuencia es demoledora para las aspiraciones del Real Madrid: las manos de UEFA están, en la práctica, atadas por sus propios plazos. No se trata de voluntad política, sino de límites jurídicos.
España, también bloqueada
En el ámbito nacional el panorama es idéntico. Ni el Consejo Superior de Deportes (CSD) ni la propia RFEF han podido abrir expediente disciplinario por el mismo motivo: los hechos, a efectos sancionadores deportivos, han prescrito.
Que UEFA no esté subordinada a las decisiones de los tribunales españoles no cambia el núcleo del problema. Puede moverse al margen de los juzgados nacionales, pero no puede saltarse la caducidad de sus propias normas disciplinarias. El tiempo, en este caso, se ha convertido en el mejor escudo del Barcelona.
La batalla política y mediática seguirá, porque ni el Real Madrid ni el Barça saben vivir en silencio. La cuestión es otra: si el terreno disciplinario está cerrado por plazos, ¿dónde se librará el próximo asalto de esta guerra que ya trasciende el césped?
